El contexto: una democracia frágil
La España de 1981 era un país en transición. Apenas seis años habían pasado desde la muerte del general Francisco Franco, y la democracia recién estrenada se sostenía sobre un equilibrio delicado. La Constitución de 1978 había sido aprobada con amplio respaldo popular, pero sectores del Ejército y de la ultraderecha miraban con profunda desconfianza el nuevo orden político, el Estado de las Autonomías y la legalización de partidos como el PCE.
El gobierno de Adolfo Suárez, artífice de la Transición, atravesaba su momento de mayor debilidad. La crisis económica, el terrorismo de ETA —que ese año mataría a más de treinta personas— y las tensiones territoriales habían desgastado al presidente hasta el punto de que, apenas tres semanas antes del golpe, el 29 de enero, Suárez presentó su dimisión de forma sorpresiva. El candidato de Unión de Centro Democrático para sucederle era Leopoldo Calvo-Sotelo, y precisamente la sesión de investidura del nuevo presidente era la que se celebraba el 23 de febrero en el Congreso de los Diputados.
En los meses previos al golpe, la Guardia Civil y sectores del Ejército habían protagonizado reuniones clandestinas conocidas como «la Operación Galaxia» y otras conspiraciones que las autoridades habían detectado pero no neutralizado completamente.
Las 18:22 horas: la irrupción de Tejero
A las 18 horas y 22 minutos del 23 de febrero, doscientos guardias civiles al mando del teniente coronel Antonio Tejero Molina irrumpieron armados en el hemiciclo del Congreso de los Diputados de Madrid, donde se estaba votando la investidura de Calvo-Sotelo. Los agentes portaban subfusiles y pistolas. Tejero disparó al techo para imponer silencio y gritó su célebre orden: «¡Quieto todo el mundo!»
Los más de trescientos diputados presentes, así como el rey Juan Carlos I en su calidad de jefe del Estado, quedaron retenidos en el edificio. Las imágenes de los parlamentarios tirándose al suelo o protegiéndose tras sus escaños darían la vuelta al mundo. Solo tres figuras permanecieron erguidas ante las cámaras de televisión que retransmitían la sesión en directo: el vicepresidente del Gobierno, general Manuel Gutiérrez Mellado, el presidente en funciones Adolfo Suárez y el líder del PCE, Santiago Carrillo.
El alzamiento militar en Valencia
Mientras Tejero tomaba el Congreso, la situación se agravaba en Valencia. El teniente general Jaime Milans del Bosch, capitán general de la III Región Militar, declaró el estado de excepción en su demarcación y sacó los tanques a la calle. Los carros de combate recorrieron las avenidas de Valencia en una escena que recordaba a las peores horas de la Guerra Civil. Milans del Bosch esperaba que su gesto arrastrase a otros capitanes generales y que el rey diese su respaldo al movimiento golpista.
Sin embargo, el alzamiento no se extendió. Los demás capitanes generales adoptaron una postura de espera, y ninguno dio el paso al frente que los conspiradores necesitaban. El propio director de la AOME (Agrupación Operativa de Misiones Especiales del CESID) y otros altos cargos militares, según los documentos desclasificados, se mantuvieron dentro de la legalidad constitucional.
La «Operación Armada» y el tercer vértice
Lo que los documentos desclasificados han revelado con mayor claridad es la existencia de un tercer vértice en la conspiración: el general Alfonso Armada Comyn, antiguo secretario de la Casa del Rey y hombre de máxima confianza de Juan Carlos I durante años. Armada había elaborado un plan alternativo que, aprovechando la toma del Congreso, pretendía presentarse ante los diputados retenidos como una solución de «consenso», encabezando un gobierno de concentración nacional con el respaldo del monarca.
El plan de Armada chocó con dos obstáculos insuperables: la negativa de Tejero —que había soñado con una dictadura militar, no con un gobierno civil disfrazado de moderado— y, sobre todo, el discurso televisado del rey. Cuando Juan Carlos I apareció ante las cámaras de madrugada con uniforme de capitán general y condenó sin ambigüedad el golpe, el castillo de naipes se derrumbó.
El papel del Rey
El mensaje de Juan Carlos I, emitido a la 01:14 del 24 de febrero, es probablemente la intervención política más decisiva de su reinado. Con apenas cuatro minutos de discurso, el monarca dejó claro que no respaldaba a los golpistas, que la Corona defendía la Constitución y que ordenaba a todos los mandos militares volver a la legalidad. El efecto fue inmediato: los capitanes generales que vacilaban cerraron filas con el orden constitucional, y el frente golpista se desintegró.
Los documentos desclasificados muestran que durante las horas previas al mensaje real, Juan Carlos I realizó varias llamadas telefónicas a los capitanes generales para sondear su posición y garantizarse su lealtad antes de aparecer en televisión. Fue una operación política cuidadosamente calibrada.
Entre los 153 documentos del archivo figuran transcripciones de llamadas telefónicas y partes militares de aquella noche que revelan el estado de confusión e incertidumbre en los cuarteles durante las horas más críticas del golpe.
La rendición y sus secuelas inmediatas
A lo largo de la mañana del 24 de febrero, la situación se fue normalizando. Milans del Bosch retiró los tanques de Valencia y fue detenido. Armada, que había intentado sin éxito presentarse ante Tejero como el hombre enviado por el rey para «solucionar» el problema, también fue arrestado. Tejero, finalmente, negoció su rendición y salió del Congreso pasadas las 11:30 horas, siendo conducido a la cárcel junto con sus hombres.
Los diputados retuvieron durante casi dieciocho horas sin apenas agua ni comida vivieron el final de la crisis como una mezcla de alivio y agotamiento. Adolfo Suárez, que había permanecido sentado en su escaño durante toda la noche, salió del edificio con una compostura que le ganó el respeto incluso de sus adversarios políticos.
¿Hubo más implicados?
La pregunta sobre si existió un «cuarto poder» o una trama más amplia detrás del 23-F ha perseguido a la historiografía española durante décadas. Los documentos desclasificados en 2021 arrojan luz sobre algunos aspectos, pero también confirman que determinados archivos relacionados con los servicios de inteligencia siguen siendo inaccesibles. Lo que está documentado es la existencia de contactos previos entre golpistas, servicios secretos y ciertos sectores políticos que nunca llegaron a ser completamente juzgados.
El proceso judicial, celebrado entre 1982 y 1983 ante el Tribunal Supremo, condenó a los principales implicados —Tejero, Milans del Bosch y Armada— a penas de prisión que oscilaron entre los 25 y los 30 años, aunque todos saldrían en libertad antes de cumplirlas en su totalidad.
Significado histórico
El 23-F fue, paradójicamente, el momento que consolidó la democracia española. El fracaso del golpe demostró que las instituciones resistían, que el rey asumía su papel constitucional y que la mayoría de los militares había interiorizado los valores democráticos lo suficiente como para no secundar a los conspiradores. La respuesta ciudadana también fue reveladora: al día siguiente, centenares de miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades en defensa de la Constitución.
Cuatro décadas después, los 153 documentos desclasificados del archivo ponen rostro y nombres a muchos de los protagonistas anónimos de aquella noche, y permiten comprender con mayor precisión los mecanismos que hicieron posible —y los que hicieron fracasar— el último intento de golpe de estado en la historia democrática española.