Consecuencias políticas del 23-F

Hay una paradoja en el corazón del 23-F: el intento de golpe de estado que más daño podría haber causado a la democracia española terminó siendo, en su fracaso, el mayor impulso que esa democracia recibió en toda su historia. Las consecuencias del golpe se desplegaron en múltiples dimensiones —política, militar, social, judicial e internacional— y algunas de ellas siguen siendo perceptibles décadas después.

La respuesta inmediata: la calle toma la palabra

Cuatro días después del golpe, el 27 de febrero de 1981, las calles de las principales ciudades españolas se llenaron de ciudadanos en la mayor manifestación en defensa de la democracia que España había conocido. Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao y decenas de ciudades más vieron desfilar a centenares de miles de personas con pancartas que rezaban «Por la democracia» y «Constitución».

La manifestación tuvo un carácter espontáneo y transversal que sorprendió a propios y extraños: juntos marcharon votantes de izquierda y de derecha, trabajadores y empresarios, jóvenes sin experiencia política y veteranos de la Transición. Fue la primera vez en la historia reciente española que una causa democrática movilizaba de forma tan masiva a sectores tan diversos de la sociedad.

El efecto político inmediato: fin de la vacilación democrática

Hasta el 23-F, existía en amplios sectores de la clase política y de los medios de comunicación una cierta ambigüedad hacia la democracia: se la aceptaba como el sistema vigente, pero no siempre se la defendía con entusiasmo. El golpe acabó con esa ambigüedad de forma radical. Las semanas siguientes al 23-F vieron a todos los partidos políticos con representación parlamentaria reafirmar sin reservas su adhesión a la Constitución.

El Partido Socialista Obrero Español fue uno de los más beneficiados políticamente. Felipe González, que había mantenido un perfil moderado durante la retención en el Congreso, vio cómo su partido se consolidaba como la alternativa más fiable de gobierno. La imagen de serenidad y responsabilidad que los socialistas proyectaron durante y después del golpe contribuyó a construir la confianza que les llevaría, dieciocho meses después, a una victoria arrolladora.

La reforma militar: control civil efectivo

Uno de los efectos más duraderos del 23-F fue la aceleración de la reforma de las Fuerzas Armadas. El general Alberto Oliart, nombrado ministro de Defensa por Calvo-Sotelo inmediatamente después del golpe, impulsó una profunda transformación que buscaba poner las Fuerzas Armadas bajo control civil efectivo, reducir la politización interna del Ejército y modernizar sus estructuras.

La reforma militar se articuló en varias dimensiones. En primer lugar, la depuración y retiro forzoso de los oficiales implicados en el golpe o cercanos a los conspiradores. En segundo lugar, la reorganización de la cadena de mando, que reforzó la autoridad del Ministerio de Defensa sobre los distintos ejércitos. En tercer lugar, la profesionalización y modernización de las Fuerzas Armadas, proceso que culminaría años después con la supresión del servicio militar obligatorio.

El efecto sobre el terrorismo de ETA

Paradójicamente, el 23-F no debilitó la respuesta del Estado ante el terrorismo de ETA, sino que la fortaleció. El golpe había demostrado que la democracia podía resistir ataques frontales, y esta confianza se trasladó también a la lucha antiterrorista. Los años siguientes al 23-F vieron una coordinación más estrecha entre las fuerzas de seguridad española y francesa, que culminó en la extradición de numerosos dirigentes de ETA desde territorio francés.

La integración europea: una consecuencia inesperada

La reacción de las instituciones europeas al 23-F fue de solidaridad unánime con la democracia española. El Parlamento Europeo aprobó una resolución de apoyo, y los líderes de los estados miembros de la Comunidad Europea telefonearon al rey Juan Carlos I para expresar su respaldo. Este gesto de solidaridad europea no fue políticamente neutro: contribuyó a crear un ambiente favorable a la aceleración de las negociaciones de adhesión española a la CEE, que desde 1977 se arrastraban sin grandes avances.

España ingresó en la Comunidad Europea el 1 de enero de 1986, cinco años después del 23-F. La conexión causal no es directa, pero los historiadores coinciden en que el comportamiento democrático de España durante y después del golpe facilitó las negociaciones con socios europeos que antes habían mostrado reservas sobre la madurez democrática española.

Las consecuencias a largo plazo: el legado del 23-F

¿Qué quedó sin resolver?

Las consecuencias del 23-F incluyen también sus sombras: lo que no se investigó, lo que no se juzgó y lo que sigue siendo materia de debate. El proceso judicial se centró en los ejecutores del golpe —Tejero, Milans y Armada— pero dejó sin explorar las posibles complicidades civiles, la dimensión política de la conspiración y el papel exacto de los servicios de inteligencia antes y durante el golpe.

Los 153 documentos desclasificados en 2021 han aportado nuevas evidencias sobre algunos de estos interrogantes, pero también han confirmado que determinados archivos —especialmente los del CESID relacionados con la actividad de inteligencia previa al golpe— siguen siendo inaccesibles. La historiografía del 23-F permanece, cuatro décadas después, como una obra incompleta.